Mafias de construccion civil, acaparan obras en Lima.

Cerebrito’ era, sin duda, un “intocable’ en el mundo del hampa. Había sido fundador y cabecilla de la banda criminal más temida de la historia policial del país: “Los Destructores’, con un rosario de crímenes como asaltos, secuestros y asesinatos. Sin embargo, Luis Palomino Hurtado, a pesar del “respeto’ que infundía entre los delincuentes, fue asesinado sin miramientos por una de las mafias que extorsionan en las obras de construcción civil en Lima. El ex convicto también era parte del “negocio’ y habría sido victimado por tratar de “adjudicarse’ una obra que le “pertenecía’ a otro sindicato.

“Si así actúan contra sujetos de tal calaña, piensen en lo que sucede con nuestros ingenieros y empresarios si no pagan los cupos que exigen”, refiere el arquitecto Pedro Péndola, representante de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Asegura que absolutamente todas las edificaciones en Lima están bajo el control de estos seudogremios, que –según fuentes policiales– exigen entre el 2% y el 3% del costo total de las obras. Estamos hablando de entre 20 mil y 200 mil dólares por proyecto que se realiza en la capital.

Estos sujetos, además, piden “cupos de paz laboral’. Es decir,* contratar entre el 30% y hasta el 100% del personal* de un determinado sindicato y ponerlo en planilla. Obviamente, todo bajo amenazas.

“Esta gente no trabaja. Son empleados fantasma o, en el mejor de los casos, acuden solo para hostigar al resto de obreros y a retrasar la construcción”, refiere Péndola.

El dinero que hay de por medio sería el móvil de la ola de crímenes que hay entre miembros de estas mafias, tal como sucedió con el hampón “Cerebrito’. La situación se ha tornado inmanejable y, al parecer, se pondrá peor.

MUCHAS MUERTES. En 2009, la guerra entre las mafias de construcción civil dejó 30 muertos. Este año, en solo 17 días, ya ha habido tres asesinados y más de 10 heridos de bala, de acuerdo con cifras de la PNP. Todas las víctimas eran miembros de alguno de los 200 sindicatos afiliados, tanto a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Cono Norte y a otros grupos desconocidos. Casi todos están reconocidos legalmente.

Los gremios formales, entre sí, se echan la culpa de los crímenes. Capeco asegura que todos, de alguna manera, están metidos en el “negocio’. La Policía lo confirma: “Organismos reconocidos como la CGTP y la CTP también utilizan facciones clandestinas. Estos subgremios pelean los cupos y se acusan de infiltración”, refiere una fuente de esta institución.

Para graficar el tema basta decir que Jacinto Aucayari Bellido, conocido como “Cholo Jacinto’, uno de los más peligrosos secuestradores y asesinos del país, dirige desde el penal uno de estos seudogremios.

Según fuentes de Inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Aucayari controla parte del Callao. Lo hace a través de su esposa, Delia Ocampo Cachay. Esta mujer tiene una empresa de “seguridad’ para las construcciones y dirige un sindicato de obreros desocupados. Otro hampón, conocido bajo el alias de “Chato Percy’, recluido en el penal Castro Castro, controlaría el resto del primer puerto.

Lo mismo estaría ocurriendo con el sindicato del Cono Norte, dirigido por Augusto Ramos Dolmos. “Cerebrito’ era parte de dicha agrupación, que es sindicada por la misma Policía como una de las más violentas. Sus principales dirigentes tienen antecedentes por robo, tráfico de drogas, estafa, etc.

Otro polémico dirigente es Vicente Aponte, quien es parte de CTP. En 2007 fue capturado en una obra en Pucusana con dos pistolas, una escopeta y bates de béisbol. El líder de este sindicato, Elías Grijalba, lo defiende y asegura que jamás le probaron nada. Sin embargo, en la Fiscalía obran 25 denuncias en contra de Aponte, que van desde robo hasta el homicidio.

Finalmente, está Mario Huamán, dirigente de la CGTP. Este hombre fue sindicado en 1993 como asesino de su cuñado. Inclusive, según documentos judiciales, había consumido cocaína cuando ocurrió el crimen.

NUEVA ESTRATEGIA. En los próximos días, el Ministerio del Interior daría a conocer la conformación de una unidad especializada destinada a frenar la ola de violencia en las construcciones. Su labor sería identificar, ubicar y detener a los extorsionadores.

Esta nueva división contará con el apoyo de Capeco y tendrá entre sus filas agentes entrenados en intervenciones rápidas, en inteligencia e investigación. Ahora, ¿esto será suficiente para terminar con estas mafias altamente organizadas, que cuentan con armas, abogados y contactos en el Poder Judicial? Las autoridades tienen la palabra.